La Lógica de la Privatización como Nueva Modalidad en la Educación Superior Salvadoreña (página 2)

7. Crítica
a los argumentos en favor del aumento de las cuotas y
aranceles

La gran mayoría de los trabajos que sostienen la
necesidad de reformar la universidad
mediante una nueva lógica,
prescinden completamente de dos aspectos centrales a la hora de
caracterizarla:

• La historia de limitaciones
  presupuestarias, agresiones militares y amenazas concretas a su
  comunidad y
  a su quehacer académico.
• La íntima relación con el proceso de
  desarrollo
  social y económico salvadoreño.

Todos los trabajos que sostienen la necesidad de
aumentar los aranceles (o
actualizar cuotas) destacan un triste y deplorable panorama a la
hora de retratar la UES. En cierta forma, los defensores de la
implantación de la lógica de la privatización proceden de inmediato a
atribuir, utilizando eufemismos argumentativos, todas las fallas
de la institución en cierta forma al carácter gratuito y masivo que esta debe
tener. Por supuesto que esto no lo dicen así abiertamente,
pues saben que genera resistencia en
muchos sectores analíticos.

Más bien se podría afirmar con mayor
fuerza
argumentativa todo lo contrario: fueron los últimos
años de privación presupuestaria, agresiones,
injerencia externa, calumnias mediáticas, maltrato
interno, lo que terminó por diezmar la universidad
conduciéndola a su más profunda crisis
académica.

Es más, no es la falta de aplicación de
las recomendaciones propias de la lógica de la
privatización, las que tienen en grave problema a la UES
sino su avance subrepticio. Esto ocupa un lugar central en
explicar los problemas
actuales de la universidad, ante todo por la vinculación
con el proceso de desarrollo del
país que al limitarla en el presupuesto,
limita asimismo el desarrollo de la ciencia y
la tecnología, la investigación aplicada y humanística
que podría estar al servicio del
país para solucionar ciertos problemas.

8.
Críticas al diagnóstico de la" eterna" escasez
presupuestaria

Sin analizar y decir el porqué, y mucho menos
hacer un análisis
político y socio histórico, simplemente se
afirma y acepta que el presupuesto es escaso. Muchos otros lo
aceptan como un problema de asignación relativa e incluso
que hay que tener paciencia "pues el gobierno hace lo
que puede".

Con tono afectado -y paradójicamente populista-
se afirma que financiar a la universidad pública
aquí y en cualquier país del mundo, implica desviar
partidas destinadas a fines de mayor prioridad, como la alimentación, la
vivienda, la educación
básica y la salud, máxime cuando
hoy contamos con un gobierno "con sentido humano" que asigna 15
ó 20 dólares mensuales a algunas familias en
pobreza
extrema a fin de que puedan enviar a la escuela al menos
a tres hijos (como promedio).

Basta con una mínima revisión de la forma
en la que se asigna el presupuesto nacional para objetar este
argumento. El gobierno salvadoreño no se distingue
precisamente por su capacidad de asignar los fondos con arreglo a
las necesidades de la sociedad, y
menos todavía por sus inclinaciones hacia la planificación económica, en
ningún área. Basta observar las diferentes partidas
en el presupuesto general de la nación
para el 2006, donde en el área de salud
pública, y el ISSS, por ejemplo, en la práctica
han tenido recortes con relación al 2005.

Los fondos no están inapelablemente ausentes,
sino que justamente son empleados para fines ajenos al desarrollo
económico y social (la propaganda
gubernamental personalizada en el Presidente Antonio Saca, por
ejemplo).

Este hecho queda palmariamente demostrado cada vez que,
debido a la presión
política,
empresaria o popular, el gobierno se ve obligado a otorgar
concesiones bajo la forma de refuerzos
presupuestarios.

En términos estrictos, tampoco el tamaño
total de los fondos públicos es absolutamente fijo, ya
que, por ejemplo, se podrían aumentar los recursos
disponibles combatiendo seriamente la evasión y la
elusión o gravando con mayores impuestos ciertas
ganancias, los dividendos bancarios y los artículos de
lujo.

Un análisis pormenorizado de la distribución del presupuesto
público pone de manifiesto que no es justamente el
gasto en educación
superior el que se encuentra sobredimensionado. En
numerosos países, desarrollados o no, el presupuesto
universitario público considerado como proporción
del PIB, en
términos absolutos o medido por estudiante, es
sustancialmente mayor. Es más, en la región
Centroamericana nos quedamos muy atrás, ya que, por
ejemplo, Nicaragua destina el 30 % del presupuesto total de
educación
a la formación universitaria y Costa Rica un 20
%. Nuestro país apenas destina un pírrico 10 % del
gasto total en educación, lo cual equivale al 1.17 % del
PIB.

Respecto de la cantidad óptima de graduados,
difícilmente podría arrogarse la capacidad de
proyectar la cantidad de profesionales de cada área
necesarios para el desarrollo de un Estado que ha
demostrado su ineptitud para la planificación de todo
tipo. El mercado,
asimismo, sólo brinda señales
vinculadas con las necesidades solventes de corto plazo, lo que
de modo alguno constituye un criterio válido para estas
decisiones. Por lo mismo, no puede afirmarse sin cinismo que, por
ejemplo, "sobran médicos y odontólogos" en una
sociedad en que las necesidades de salud se encuentran por
completo insatisfechas: parece más cierto afirmar que no
sobran médicos ni odontólogos, sino que faltan
recursos públicos para salud.

Por otra parte, el recurso de contraponer el gasto en
educación superior con el gasto en educación
básica o en salud, como si fueran dos objetivos
excluyentes, es un recurso ideológico manipulador que
pretende forzar una elección entre el gasto en sectores
sociales mutuamente necesarios. Este énfasis en el peso
que representa la educación superior para las finanzas
públicas pone al descubierto que en muchos casos el
verdadero objetivo de la
actualización del arancel no es mejorar el sistema
universitario sino recaudar fondos para que el Estado
pueda desentenderse de esta obligación
constitucional.

Hemos de agregar asimismo, que la historia
salvadoreña muestra que
cuando el presupuesto universitario fue adecuado, la UES fue
capaz de ofrecer una formación de calidad a
conjuntos
crecientes de la población. De esto pueden dar fe muchas
instituciones
y los miles de profesionales graduados en las décadas
pasadas y que hoy se desempeñan con gran eficiencia y,
además con ética, en
la administración
pública y las empresas privadas
del país

De hecho, aquellos países que priorizan el
financiamiento
de la educación superior están reputados como los
de mayor excelencia en este campo. No hay un problema natural en
el hecho de que la universidad sea financiada por el Estado
íntegramente, lo que implica que no es ésta la
premisa sobre la que debe basarse la discusión.

9.
¿Realmente existe un problema de inequidad?

El eje de la lógica privatizadora, aquí y
en cualquier parte del mundo, se centra sobre el supuesto
carácter regresivo de la universidad pública y
gratuita. En pocas palabras, se sostiene que a la universidad la
mantienen los pobres mientras la aprovechan los de clase media
-media o los acomodados, para utilizar uno de los términos
utilizados en la consultoría referida
anteriormente.

Empecemos por el principio: en primer lugar, no es
cierto que los estudios sean hoy gratuitos.

Aun, sin tener en cuenta los aranceles o cuotas ya
vigentes, el estudiante tiene que afrontar diversos gastos, realmente
prohibitivos para los amplios sectores de menores ingresos.
Completar una carrera universitaria en El Salvador requiere
disponer de presupuesto para transporte
diario, alimentación mínima de $ 1.15 el almuerzo
en los cafetines (plato del día), para materiales de
estudio, diversos trámites o documentos
arancelados y el particularmente gravoso "costo de
oportunidad" que implica limitar las horas de trabajo.

Tal como están planteadas, ciertas carreras son
directamente (como medicina,
odontología, etc.) incompatibles con una jornada de
trabajo extendida, ya habitual en las actuales condiciones de
flexibilización del mercado laboral. Este
factor, generalmente pasado por alto, explica muchas veces la
imposibilidad de acceder a estudios de importantes franjas de la
población en edad de hacerlo.

De hecho, el problema de la universidad actual no es
tanto por qué concurren los que efectivamente lo hacen,
sino las condiciones que impiden que sea aún más
masiva.

Es cierto que los sectores de menores ingresos no
acceden a la Universidad Nacional debido a la conjunción
de múltiples razones, la mayoría de carácter
extra universitario, que imponen límites a
su ingreso a este sistema de educación. Entre los factores
que restringen el acceso pueden mencionarse:

• Las evidentes fallas de la educación
  básica y media (que pretenden corregirse con el Plan 2021).
  Basta analizar los resultados de la PAES año tras
  año.
• Los imperativos de generar ingresos al hogar (por
  exiguos que sean y sea en el empleo que
  exista), dadas las secuelas de la dolarización, entre otras
  razones.
• La incapacidad económica de afrontar los
  gastos asociados con la educación
  universitaria.

Por lo tanto, no es cierto que por definición la
UES sólo atienda a los sectores medios -alto o
medios-medio. Esto no puede ser así en un país
crecientemente pauperizado, con un sistema
educativo básico desfinanciado e ineficaz, y que
excluye a masas crecientes de su población no sólo
del sistema educativo, sino cada vez más de todo mecanismo
de integración social.

Entonces, el aumento de aranceles y limitaciones al
ingreso solamente acentuaría el carácter
restringido de la universidad actual. A la vez, al aseverar que a
la universidad sólo concurren personas de ingresos medios
altos y altos, el diagnóstico y la lógica
privatizadora vuelven a apartarse de la realidad.

Es más, si tomamos en cuanta los siguientes
datos,
fácilmente constatamos que ello no es así, de
acuerdo con el estudio de Adalberto Elías Campos (2004),
en el apartado "Costo de los estudios y
modalidades de cobro". Según las estimaciones
de Campos, los costos de
estudios a nivel de licenciatura en una universidad privada
ascienden a unos US$ 760 al año, aún cuando en
carreras del área de la salud los mismos ascienden a unos
US$ 1500 al año. Además, se cobran
matrículas por cada semestre que oscilan entre US$ 50 y
US$ 150 dólares y cuotas mensuales entre US$ 45 y US$ 170
dólares.

Para maestrías también se cobran
matrículas por semestre, cuatro en total, más las
mensualidades durante dos años. Las matrículas
oscilan entre los US$ 45 y los US$ 90 dólares y las
mensualidades desde US$ 86 hasta US$ 176 dólares. Si
comparamos estos datos con las cuotas máximas actuales en
la UES, las cantidades resultas exorbitantes e inalcanzables para
el mayoritario sector social de escasos recursos
económicos (Campos, 2004).

Es importante recalcar que se incurre en un error al
identificar el nivel de ingreso de los estudiantes con el de sus
padres.

El período que va desde los 18 a los 25
años de edad coincide en nuestra sociedad con el de la
independencia
de los jóvenes con respecto a sus familias de origen; lo
que convierte en error de cómputo el hecho de considerar
la situación económica de éstos y aquellos
como análogas, suponiendo un grado de dependencia
económica incluso más allá de lo que la
ley establece
como dependencia civil (Lo Vuolo, s/f).

En todo caso, esta práctica puede ser adecuada
para los sectores más acomodados de los estudiantes de la
UES que apenas representan el 15 % según la
consultoría del BID (2005), ya que es habitual que los
jóvenes no accedan al mercado laboral sino hasta completar
sus estudios, totalmente solventados por los padres.

Sin embargo, está claro que en muchos casos los
estudios son desarrollados como actividad complementaria al
trabajo de tiempo parcial
o completo. En efecto, la gran masa de los estudiantes
universitarios tiene la necesidad de trabajar "en algo" para
solventar los múltiples componentes no gratuitos de su
educación superior. Esto implica que incluso los aranceles
o aumentos "moderados" que algunos sectores sugieren para la
universidad pública resultaría un gasto elevado
para la mayor parte de los estudiantes si consideramos sus
verdaderos ingresos como ciudadanos emancipados.

Entonces, la acusación de inequidad está
basada esencialmente sobre la supuesta regresividad del gasto
universitario. Para cuestionar este argumento es necesario
examinar la cuestión de la regresividad desde un doble
punto de vista: el de la generación y el del gasto de los
recursos públicos.

Respecto del origen de los fondos públicos
destinados a la universidad, el diagnóstico de la
lógica privatizadora observa el hecho de que ésta
esté solventada esencialmente por los contribuyentes
más pobres de los pobres. Como evidentemente el sistema
impositivo salvadoreño se caracteriza por una marcada
regresividad, el financiamiento universitario se concentra en las
capas de menores ingresos. Nuestra crítica no puede negar
la veracidad de este argumento. Sin embargo, cabe denunciar la
falacia en la que reposa.

Es cierto que la universidad está solventada por
los pobres, pero cuando aproximadamente la mitad de la
recaudación fiscal
proviene de impuestos al consumo,
mientras los recursos provenientes de impuestos proporcionales a
la riqueza es exigua, desde el helicóptero presidencial,
las escobas de los empleados de servicio… hasta el
último de los papeles membretados que utiliza el sector
público es solventado por los pobres (Lindenboim, J.
(2001).

Pero una cosa si es cierta e incuestionable:

Todo gasto en el que incurra el estado
salvadoreño, está financiado mayoritariamente por
los grupos de menores
ingresos. Así de sencillo, así de cierto y
así de lamentable.

Si esta acusación le cabe a la educación
superior, antes le corresponde a otros gastos superfluos del
gobierno central (viajes de
enormes comitivas a Europa para
visitar el Papa, la extensa propaganda del Presidente, etc.), a
los dineros apropiados de manera ilegal (ANDA, ISSS…)
debido a la galopante corrupción, a la elusión fiscal para
favorecer al sector financiero, etc.

La cuestión no es que la universidad sea
regresiva, sino que el sistema impositivo nacional lo es, y es
allí donde deben realizarse las transformaciones
fundamentales.

La pretensión de manchar con esta culpa a la
educación superior y pretender que en ese ámbito se
dé solución a lo que en el nivel global cada vez se
agrava más, muestra la frágil posición de
los que defienden la lógica de la privatización,
que por otra parte pocas veces o nunca se muestran preocupados
por el carácter regresivo de la recaudación fiscal,
al menos que nosotros sepamos.

Por otra parte, como habíamos señalado, la
educación superior no es apropiada íntegramente de
manera individual y privada, sino que posee una función
social relevante y necesaria para el desarrollo económico
y social, entonces el gasto universitario educativo no puede en
ningún sentido ser entendido como un beneficio exclusivo
de los que asisten a la universidad. Por lo contrario, al igual
que otros gastos sociales, el gasto en educación superior
ofrece un claro beneficio para la sociedad en su
conjunto.

En otro punto de vista, la caracterización
neoliberal sostiene que todos los frutos de los estudios
universitarios son disfrutados individualmente por el estudiante,
que recibirá mayores ingresos en su futuro
profesional.

Esta apropiación privada es la que
justificaría aumentos en las cuotas y aranceles. Es cierto
que si la formación, tal como ha ocurrido cada vez
más en los últimos tiempos, toma un cariz
unilateralmente profesionalista y tecnicista abandonando por
completo su contenido crítico y social, la hipótesis de la apropiación
individual del esfuerzo público se asemejará cada
vez más a la realidad.

Se ve entonces que más que tratarse de un
diagnóstico fiel de la universidad tal cual es, se trata
de una anticipación de lo que la lógica de la
privatización traería consigo; es, pues, una
expresión de deseo, dado que éste es el lugar que
se reserva para la educación pública adaptada por
completo a la demanda del
mercado.

"Los beneficios de la educación superior
no son sólo apropiados privadamente sino que,
fundamentalmente, son distribuidos hacia el conjunto de la
sociedad a través de la formación de profesionales
que satisfacen necesidades sociales, y de la generación de
ciencia,
tecnología y pensamiento crítico, esenciales para
el desarrollo económico y social de cualquier país"
(Johnstone, B. D. 1998) .

Por otra parte, en el caso de que, efectivamente, los
egresados de la universidad obtuvieran al graduarse ingresos
particularmente elevados, es razonable esperar que, en el marco
de una estructura
impositiva progresiva, esos egresados sean gravados en
función de los ingresos y ganancias que generen. No es
claro por qué, entonces, se debe aplicar un arancel o una
cuota elevada que implicaría un no recomendable caso de
doble imposición.

A la vez, si bien es esperable que quienes acceden a la
universidad gocen de mayores ingresos en el futuro, en un
país con creciente desocupación, subocupación e
inestabilidad de ingresos, esta suposición no se impone
como una férrea ley general. Por lo tanto, no reviste
ningún sentido económico gravar una base imponible
(los ingresos futuros) que no existe aún y que, de hecho,
se presupone (Johnstone, B. D. (1998).

Un sencillo ejemplo muestra que aun hoy, en la medida
que los ingresos del graduado se incrementan, éste "paga"
al Estado sus estudios por la vía de sus contribuciones, y
si sólo lo hace lentamente es debido a la mencionada
regresividad del sistema impositivo. Este argumento reafirma la
necesidad de colocar el foco en la reforma del sistema
impositivo, el cual debería estar destinado a gravar
ingresos y ganancias y no los estudios universitarios. En una
situación de estabilidad socioeconómica, los
ingresos promedio de un graduado universitario, según
diversos estudios pueden ascender a unos $ 950,00 mientras que
para un secundario completo llegan sólo a $ 450
aproximadamente. Es más, una universidad privada de San
Salvador lo publicita así a través de los medios de
comunicación escritos.

10. Ineficiencia y
falta de calidad académica

Por último, es importante cuestionar las
acusaciones de baja calidad e ineficiencia que pesan sobre la
Universidad, auque ello no quita que ciertas unidades
académicas no la tengan. Entendemos y sostenemos
aquí que la lógica de la privatización, por
si solo, no asegura de ningún modo una mejora en la
calidad, ni la superación de los problemas que actualmente
aquejan a la universidad.

En este sentido vale recordar que la mayoría de
las universidades privadas del país no se caracterizan por
el elevado nivel académico, en especial las de mayor
matrícula y cuota más accesible. No en balde, la
voz popular las denominó en su momento "universidades de
garaje", entre otras expresiones peyorativas.

Más allá de las limitaciones y
agresiones que le tocó atravesar en décadas
pasadas, la única universidad estatal de El Salvador
conserva en muchos campos el primer lugar en calidad
educativa.

Esta ventaja se observa simplemente en los resultados
obtenidos en la prueba ECAP que pasa el MINED año tras
año, donde los futuros profesores egresados de la UES
superan hasta en un 40% a los provenientes de las privadas. Lo
mismo puede decirse, aunque en menos medida, con respecto a los
que se examinan en la Corte Suprema de Justicia, para
optar al notariado. Vale decir, a propósito, que en el
año 2004 se sometieron al examen que administra la Corte
unos 3000 estudiantes y de ellos sólo pasaron 400.
Nuevamente la mayoría de los que pasaron fue de la
UES.

En lo que refiere a la llamada eficiencia, la
obsesión por encontrar medidas cuantitativas del desempeño de las instituciones condujo a
los autores de matriz
neoclásica a diseñar indicadores de
eficiencia fácilmente cuestionables. Uno de los favoritos
es el que busca medir la eficiencia mediante la relación
entre matrícula y egresados, la que por cierto en el caso
de la UES es bastante alta.

No hace falta calar muy hondo para percibir la
superficialidad, propia de quienes aplican y explican estas
medidas simplistas. En primer lugar porque, entre otras cosas, el
índice de la cantidad de graduados por estudiante guarda
relación también con el grado de exigencia que
tiene la institución educativa, el tipo de
formación ofrecida y la extensión de las
carreras.

En este sentido, el indicador graduados/estudiantes
podría entonces ser leído ya no como una medida de
la (in)eficiencia de la institución, sino como un
indicador de la exigencia de la misma.

Y aquí se llegaría a la conclusión
de que las instituciones privadas universitarias tendrían
menor grado de exigencia (hecho poco cuestionado en el
país para la mayor parte de las instituciones) y por lo
tanto, menor calidad de sus graduados. El hecho de que se gaste
más por cada graduado no puede de ninguna manera
interpretarse en sí mismo como ineficiencia, cuando no se
evalúa su calidad (Riquelme, G. 2000).

El tomar al graduado como la unidad de medida por
excelencia de la "productividad" de
la universidad se sustenta sobre una visión (limitada) de
la educación superior, según la cual toda
formación que reciba un estudiante carece por completo de
valor social
mientras no sea coronada con la obtención de su
diploma.

Por lo tanto, el pensamiento
neoclásico sostiene implícitamente que un
estudiante que no obtiene su diploma simplemente perdió su
tiempo y, en términos del erario público,
significó un derroche de recursos. Sin embargo, si el
propósito de la educación universitaria es la
formación y el aprendizaje no
sólo hay que considerar los conocimientos adquiridos por
aquellos que se gradúan, sino por todos aquellos que
transitaron por la universidad.

La evidencia revela que el hecho mismo de poseer
estudios universitarios parciales ofrece a los estudiantes la
posibilidad de obtener diferenciales de ingresos a través
de empleos a los que no podrían acceder sin esta
calificación. Al mismo tiempo, la sociedad en su conjunto
resulta beneficiada con un estudiante que ha recibido una mayor y
mejor formación (Riquelme, G. 2000).

En suma, dejar cualquier aspecto de la política
educativa en manos de quienes únicamente buscan maximizar
estas relaciones cuantitativas sería directamente
desastroso, corriendo el riesgo de la
reducción arbitraria de la duración de las carreras
para mejorar la "eficiencia".

11.
Críticas generales a la propuesta de la lógica de
la privatización en el ámbito
nacional.

Esta demostrado en la práctica. La historia
salvadoreña se encargó de echar por tierra todas
las ilusiones creadas por la propaganda en torno de la
virtud intrínseca, natural y supuestamente eficiente de la
actividad gerencial privada, como modelo a
seguir, al menos en el ámbito nacional.

Aunque existen honrosas distinciones y valiosos
ejemplos de empresas privadas con alto sentido de Responsabilidad
Social Empresarial (RSE) en el sistema imperante
¿Alguien podría explicar con la más
mínima lógica, porqué nuestro país,
que es gobernado y gerenciado por el mismo partido
político que a su vez fue fundado, es dirigido, dominado y
administrado por conocidos empresarios, desde hace 16
años, ha experimentado un amplio deterioro en
términos de Desarrollo
Humano (PNUD, 2003) y en su productividad económica,
mientras unos pocos sectores privados obtienen enormes
ganancias?

Aún más, si los propietarios o
representantes de la gran empresa privada
como sector hegemónico y dirigencial en la esfera
gubernamental en lo público-administrativo, así
como en lo político y económico fueran sumamente
eficientes como lideres, administradores o gerentes, ¿Por
qué el PIB del país es tan pírrico desde
hace años (Más o menos 2% en el 2005)? ¿Por
qué mantienen tan endeudado al país? ¿Por
qué la mayoría de empresas no son competitivas ante
un TLC?
¿Por qué un alto porcentaje de empresas evaden
impuestos, buscan beneficiarse con elusiones fiscales, se roban
cotizaciones del ISSS y las AFP’S?

¿Por qué tanta denuncia por cobros
indebidos en muchas empresas? ¿No será que lo que
existe en la práctica es una deuda histórica con la
aplicación de los conceptos de eficiencia, calidad,
competitividad, respeto al
Estado de
Derecho, particularmente los laborales, etc.?

¿O es la forma en que se ha desarrollado e
implementado el modelo lo que ha fallado y no el sistema de libre
empresa? Es probable esto último, pues en principio
creemos que no es el concepto de
empresa privada como valor productivo del sistema al que hay
que cuestionar como institución para el desarrollo
nacional. Pero lo que si está claro es que la empresa
privada nacional, particularmente la gran empresa
hegemónica financiera, industrial y de servicios,
agrupada en ciertas gremiales, evidentemente politizadas, ha sido
muy inmediatista, no ha tenido visión de nación,
ha obviado la RSE y quizás, por ello mismo, es claro que
no puede dar lecciones de eficiencia y ética mucho menos
de cómo modernizar una institución tan compleja y
enorme como la Universidad Nacional, si este fuera el caso, a
través de modalidades gerenciales que ni en algunas de sus
empresas privadas han podido impulsar.

Lo anterior lo planteamos, con respecto a la gran
empresa privada y hegemónica, en todo sentido, porque,
como lo argumenta el consultor de la Fundación Friedrich
Ebert, Alexander Segovia, "El Salvador es el único
país que cuenta con un gobierno de tipo empresarial en
Centroamérica, en donde la agenda gubernamental es la
misma del partido gobernante y de los grupos empresariales que lo
integran; y el único caso que tenemos actualmente, no
sólo en Centroamérica sino en toda América
Latina…"

Para Segovia," la expansión de estos grupos y la
concentración de la riqueza trajeron como consecuencia la
exclusión de amplios sectores de la población y ha
imposibilitado la ejecución de políticas
públicas a largo plazo, que respondan más a las
necesidades de los países que a los intereses de las
elites empresariales. En un país de la región
caracterizado por el autoritarismo y la falta de políticas
públicas de su gobierno, hay un grupo
económico que cuenta con más de 300 empresas y
vende más de 2 mil millones de dólares al
año", afirma, y agrega que "este poder es
suficiente para financiar a los partidos
políticos, los medios de
comunicación y quién sabe que más
instituciones" (Diario Co Latino, 21 de enero de 2006,
Pág. 2).

. Por su parte, Rodolfo Cardenal, Vicerrector de la UCA,
refiriéndose a las declaraciones de Segovia, manifiesta
que El Salvador es el único país donde los grupos
de poder económico dominan el Estado, la mayoría de
partidos y todas las instituciones; y donde las elites pretenden
establecer una plaza financiera y de servicios para toda la
región. "Esto, en detrimento de la agricultura y
la industria
nacional y, desde luego, del bienestar de la gente". (Diario Co
Latino, 21 de enero de 2006, Pág. 2)

Entonces, a partir de la forma en que se a desarrollado
el sistema, a través de su expresión en el modelo
neoliberal, es más que obvio a estas alturas, que la
experiencia de la privatización de los servicios y
empresas públicas en el país dejó un
abultado saldo negativo especialmente para los sectores
empobrecidos, como de hecho ya lo han reconocido diferentes
instituciones nacionales e internacionales.

Poca eficiencia puede predicarse de un sistema y el
consecuente modelo, que opera con tarifas en algunos casos
récord en términos internacionales (como es el caso
de las empresas de telefonía), sostiene monopolios
artificiales basados sobre un proceso de permanente -y
cuestionable- renegociación y extensión de los
plazos contractuales, incumple abiertamente los compromisos y
plazos de inversión, y se encarga de trasladar al
Estado los costos mientras sostiene ganancias millonarias que
obviamente favorecen a ciertas empresas beneficiadas, por
ejemplo, con la elusión fiscal.

En términos de equidad los
resultados no fueron mejores: recurrentes reducciones y despidos
de personal,
limitación del servicio, financiamiento de la
inversión mediante el aumento anticipado de las tarifas,
desprotección del usuario o consumidor, entre
otros. A la vez, resulta sorprendente que los sectores
privatizadores, tan afectos a criticar al estado por su
incapacidad operativa, confíen ciegamente en su capacidad
para la adecuada negociación y necesaria regulación
de las actividades privadas. Particularmente cabe mencionar la
manifiesta incapacidad de regular la actividad de las empresas
privatizadas a pesar de haber creado la Defensoría del
Consumidor que, en teoría,
por ejemplo, debe vigilar que los bancos y otras
instituciones no hagan firmar pagarés en blanco a los
usuarios de préstamos. No se comprende entonces
cómo la implementación de la lógica de la
privatización de la universidad estaría exenta de
estas desgracias.

Finalmente nos preguntamos, en el ámbito
educativo:

¿Por qué en ninguno de los estudios a
favor de la lógica de la privatización encontramos
alguna reflexión o investigación profunda y
sustancial sobre el nivel actual de la gran mayoría de las
universidades privadas (incluyendo sus costos de operación
y las ganancias que, todo indica, podrían ser muy
sustanciales) y la persistencia de un relativo mal nivel en la
pública?

11.1 La calidad educativa

En general, en términos de la educación
universitaria la calidad posee múltiples dimensiones,
visiones e interpretaciones. Pero el problema no consiste en
buscar una nueva definición de calidad, pues ya existen
muchas en la literatura actual, sino
determinar aquella que más convenga a la evaluación
en las condiciones de la realidad latinoamericana y en la
salvadoreña en lo particular, sin olvidar que la calidad
tiene que estar conjugada con la pertinencia y el impacto, pues
no se puede concebir una institución universitaria de
calidad que no sea pertinente en su entorno social.

La pertinencia y la calidad, junto a la
internacionalización, representan para la UNESCO, los tres
aspectos claves que determinan la posición
estratégica de la educación universitaria. En tal
sentido, el grado de pertinencia social de un programa o
institución se mide por el impacto social que genera, por
el flujo de repercusiones y de transformaciones de sentido que se
producen objetivamente en la sociedad de su entorno,
presumiblemente como efecto del cúmulo de aportes que
realiza dicho programa. Por lo mismo, está claro que el
concepto de
calidad de la educación universitaria cambia de contenido
en cada época, no es estable y duradero porque es un
concepto primordialmente histórico.

Entonces, en cuanto a las mejoras de calidad que la
lógica de la privatización promete, es propio de
este discurso
centrarse exclusivamente sobre la dimensión
económica del problema ignorando la complejidad de sus
diversos aspectos. En particular, el pensamiento privatista y su
lógica, ignora que la imposición de aranceles posee
un negativo impacto sobre la calidad al imponer distorsiones en
la lógica educativa tanto desde el punto de vista del
alumno como del docente.

El vínculo docente-alumno se mercantiliza,
transformando a los alumnos en clientes y a los
docentes en
"empleados" en la peor acepción del término,
relación que condiciona su accionar. Los efectos extremos
que esta transformación puede derramar sobre la calidad de
la enseñanza no son transparentes en algunas
de las universidades privadas salvadoreñas, en las que se
da instrucciones precisas (nos consta de vista y oídas) a
los docentes en lo referido a la política de
evaluación, nivel y exigencia, de modo que a partir de
ello no se reduzca la Matrícula, al menos en forma
significativa.

11.2 La atractiva promesa de aumentar las
becas.

En lo que respecta a la propuesta de instrumentar un
sistema de becas, este es ideal para fomentar el acceso a la
universidad de alumnos con menores recursos en un esquema de
educación superior sin restricciones económicas al
ingreso, es decir, sin aranceles o cuotas excesivas. En estos
casos, el sistema de becas ofrece un subsidio a aquellos
estudiantes con dificultades para afrontar los costos
involucrados en la educación superior (existentes aun en
un sistema sin aranceles elevados) tales como los costos de
transporte, los materiales de estudio, libros,
etcétera.

Sin embargo, la naturaleza del
sistema de becas es transformada cuando éste funciona como
un mecanismo encubierto de selección,
discriminación social y hasta de género.
Este es el rol del sistema de becas en el marco de la propuesta
de la lógica privatizadora, en la que rige la cuota
diferenciada y el sistema de becas funciona como complemento. En
estos casos, la experiencia indica que estos sistemas no
resuelven la desigualdad creada desde el inicio en el sistema
educativo, al diferenciar entre quienes pueden, y no, pagar el
arancel alto. En lugar de favorecer la equidad y brindar
oportunidades a los más desfavorecidos, los sistemas de
becas tienden en estos casos a reafirmar la desigualdad entre
quien la necesita y no.

Mientras ciertos sectores ingresan directamente a la
universidad, los más vulnerables deben someterse a
procesos de
"demostración de pobreza" que no se les exigen a quienes
no requieren financiamiento, cayendo en la
estigmatización. Este proceso termina remarcando la
incapacidad de sustento del becado, que debe demostrar
permanentemente una suerte de gratitud. Es más, la
desigualdad es mayor en tanto los becarios que ya cargan con las
dificultades propias de su situación deben además
sostener un rendimiento extraordinariamente bueno.

No puede hablarse de equidad en un sistema que exige
más a los más desfavorecidos, como si debieran
demostrar permanentemente que "merecen" la ayuda, mientras es por
completo indulgente con los que pueden pagar.

Los sistemas masivos de becas se caracterizan
además por su costosa gestión
y elevada exigencia técnica en la
administración. Su implementación involucra la
evaluación y monitoreo permanentes de miles de potenciales
estudiantes. En particular, la posibilidad de ofrecer un sistema
de becas transparente e imparcial resulta una exigencia que pocos
países del mundo han logrado cumplir.

Adicionalmente, por tratarse El Salvador de un
país cuya población sufre una alta inestabilidad en
los ingresos, desempleo y
subempleo, la exigencia de actualización permanente de los
archivos de
los potenciales beneficiarios se torna especialmente relevante si
el sistema pretende hacer justicia con todos aquellos que
soliciten una beca.

Existen a la vez otras limitaciones de carácter
técnico (no hay en el país un padrón
confiable y actualizado que permita analizar expeditivamente el
nivel de ingresos de la familia de
un potencial becario) y económico (la evaluación
permanente de la capacidad contributiva de los potenciales y
efectivos becarios se presenta como altamente
costosa).

Por último la implantación de un sistema
de becas con la capacidad para determinar quiénes tienen
acceso a ingresar y permanecer en la educación superior
implica poner en manos de las autoridades universitarias una
herramienta potencial de control
ideológico y político de la población
estudiantil. Es más, la manipulación se hace
presente en aquellos estudiantes o asociaciones estudiantiles
que, con tal de tener acceso o mantenerse en la UES, mediante el
sistema de becas, brindan apoyo obligado a ciertas medidas
propias de la lógica privatizadora, sin haber analizado
seriamente las consecuencias.

A la vez, en numerosas propuestas, que más de
alguna muy pronto se harán públicas por el sistema
financiero local, se plantea la posibilidad de implementar un
sistema de créditos para los estudiantes de menores
recursos, pero que, obviamente, puedan ofrecer cierta
garantía para el pago futuro, normalmente un
fiador.

Imaginemos simplemente el costo total de la
educación de un estudiante que deba afrontar tasas de
interés de la magnitud que caracteriza al mercado de
capitales salvadoreño. En un modelo neoliberal, muchas
veces se sugiere operar con tasas subsidiadas, lo que
podría terminar en un beneficio adicional para los
estudiantes que poseen las garantías suficientes incluso
para financiarse en el mercado financiero a tasas no subsidiadas
(Lindenboim, J. (2001):

A
manera de conclusión momentánea para continuar el
debate
responsable

Este documento se centró especialmente sobre el
examen crítico de los argumentos de quienes, por
desconocimiento, ingenuidad o con claras intenciones, promueven
la imposición de la lógica de la
privatización en la única universidad
pública del país.

Hemos puesto de manifiesto, incluso en los propios
términos de quienes los sostienen, la debilidad de los
argumentos esgrimidos, así como su naturaleza falaz y su
escaso sustento empírico. A la vez, hemos mostrado
cuáles son los verdaderos intereses políticos y
económicos que, escudados tras supuestas verdades
científicas, datos objetivos y principios
universales, impulsan veladamente la privatización de la
universidad pública salvadoreña.

Al revisar los intereses concretos que se esconden tras
el discurso privatizador, como forma de dominación global
impulsado por los organismos financieros internacionales como el
BID, hemos revelado que éstos se encuentran motivados por
la necesidad de adecuar la UES a las transformaciones en la
dinámica del desarrollo económico de
los últimos 16 años, el flujo de emigrantes y el
consecuente envío de las remesas, entre otros factores,
que estimulan a ciertos conglomerados financieros nacionales y de
comerciantes locales y de servicios.

Entonces, esta lógica de la privatización
responde a intereses diversos pero concordantes; entre ellos,
podemos mencionar que la intención de reajustar las cuotas
(que no es lo mismo que aumento sostienen algunas autoridades)
surge de la urgencia por liberar recursos presupuestarios, y de
la posibilidad de numerosos nuevos negocios y
segmentos abiertos a la explotación privada, que resultan
atractivos para todo un conjunto de capitales locales.

Desde nuestro punto de vista en cambio,
transformar la universidad pública, gratuita y masiva, es
sellar a fuego el retroceso que la adopción
del neoliberalismo
ha impuesto sobre
la sociedad salvadoreña desde hace unos 16 años, a
partir del ascenso al gobierno del Pdte. Alfredo Cristiani. Tal
como se hizo con las empresas públicas a comienzos de los
'90, se postula que en el caso de la única Universidad
pública del país, la mejor solución radica
en imprimirle la lógica de la privatización, como
un primer paso hacia la privatización total a largo
plazo.

Sin embargo, como hemos argumentado, propuestas como la
de implementar la lógica de la privatización y la
actualización del arancel no ofrecen salidas reales a los
problemas de calidad y falta de financiamiento de la universidad
pública. Reviste una urgencia ineludible en medio de la
tormenta política, económica y social por la que
atraviesa el país comprender los intereses
políticos y económicos que se esconden tras el
discurso privatizador de la universidad. Del mismo modo, es
imprescindible tomar conciencia de la
gravedad que conlleva privatizar asolapadamente uno de los
últimos reductos con capacidad y potencialidad
crítica, científica e innovadora que quedan en el
país.

Finalmente hemos de dejar claro que nuestra defensa de
una universidad pública, gratuita, crítica,
eficiente en lo académico y administrativo y al servicio
de la sociedad pasa por tratar de dar lo mejor de cada uno, ya
sea como docente, trabajador o estudiante.

La palabra defensa, no obstante, debe entenderse
adecuadamente y sin sesgos ideológicos, en tanto nuestra
posición se aparta de la de aquellos que buscan conservar
o (en el mejor de los casos retocar ligeramente) una universidad
que como argumentamos, es a todas luces anacrónica,
deficiente y acomodada en el aspecto del rendimiento
laboral-académico y, para lo cual , como ya lo hemos
mencionado antes, ciertamente se necesita realizar una verdadera
evaluación institucional que abarque a todos los sectores,
pero que tenga como fin claro el buscar superar las deficiencias
y sin sesgos de mala intención o revanchismos.

En síntesis,
nuestra propuesta apunta más bien a una profunda
refundación de nuestra única universidad
pública, que la coloque a la altura de los desafíos
presentes y futuros que demanda el país, en los
ámbitos de las ciencias, las
humanidades, las artes y la tecnología. Esta
refundación no puede tener más objeto que poner a
la universidad al servicio de la transformación social,
política y económica, a la vez que defienda nuestra
identidad
nacional (FIEL – CEP. (2000).

Referencias

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  Universidad de El Salvador" (ES-TO15). San Salvador.
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  Sociales. (2003): Recopilación de Leyes
  Universitarias", San salvador, Imprenta
  universitaria-UES.
• FIEL – CEP. (2000) "Una educación
  para el siglo XXI. Propuesta de Mercado de trabajo e
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  ¿al borde de una crisis ocupacional?".
• Friedman, Milton y Rose. (1980): Libertad de
  Elegir. Hacia un Nuevo Liberalismo
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  febrero.
• Johnstone, B. D. (1998) "Financiamiento y
  gestión de la enseñanza de la educación
  superior: informe
  sobre los progresos de las reformas en el mundo", The World
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• Lindenboim, J. (2001): "Financiamiento de la
  educación", Encrucijadas Nº 12, Universidad de
  Buenos Aires.
• Lo Vuolo, Rubén (s/f), "Notas sobre renta
  educativa y arancelamiento universitario", Mimeo, Buenos
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• MINED; (1994): Educación de El Salvador en
  Cifras; Documentos de la Reforma Educativa en Marcha
  1994-1999; San Salvador.
• Mollis, M. (2001): La universidad en
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• Riquelme, G. (2000) "Educación
  universitaria, demanda, mercado de trabajo y escenarios
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  de Planificación de la UBA, Buenos Aires.
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• PNUD. (2003): Informe sobre Desarrollo Humano. El
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• Samayoa, Joaquín; (1994) Problemas y
  perspectivas de las universidades privadas en El Salvador;
  Revista ECA,
  Año XLIX; 547-548, Mayo-Junio; UCA, San
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• Verbitsky (2002), "Fin de régimen",
  Página 12, Edición del 10 de febrero.
• Winkler, Donald. (1990): "Higher education in
  Latin America. Issues of efficiency and equity", The World
  Bank Discussion paper.

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Julio César Grande

El autor es Licenciado en Periodismo de
la UES, Profesor
Normalista de Educación Media, Trabajador Social y Master
en Comunicación Social, por la Universidad
Autónoma de Barcelona (España).
Actualmente estudia el Postgrado Internacional en
Comunicación y Desarrollo, que imparte la Universidad de
Sevilla. Asimismo es autor de 5 libros sobre comunicación
y cultura, entre otros trabajos de
investigación.